La Cámara de Cuentas de la República Dominicana identificó presuntas irregularidades por más de RD$95 millones en los informes de ejecución presupuestaria de la Cruz Roja Dominicana correspondientes al período 2016–2019, según revela una auditoría financiera publicada recientemente.
El informe señala múltiples violaciones a normas internas y externas, incluyendo pagos sin documentación de respaldo, vínculos familiares entre suplidores y funcionarios, y cheques emitidos sin los controles requeridos.
Principales hallazgos financieros:
- Pagos sin justificación: Se realizaron reembolsos por RD$1,024,990 sin evidencias de viajes ni actividades que los sustentaran.
- Expedientes incompletos: Pagos por RD$7,060,903 en servicios sin contratos ni documentación; compras por RD$1,012,665 sin facturas ni órdenes de compra.
- Cotizaciones sin validez: Se emitieron cheques por RD$8,343,842 a un proveedor con cotizaciones carentes de firma y sello.
- Conflicto de intereses: Pagos por RD$58,280,820 a empresas vinculadas a empleados y a la expresidenta del Consejo Nacional, Ligia Leroux de Ramírez.
- Cheques sin respaldo: RD$1,475,000 fueron emitidos a nombre del tesorero y subtesorero sin documentos justificativos.
- Compras y obras cuestionables: Incluyen activos por RD$16,609,314 no registrados, pagos sin sustento por RD$1,285,837, y obras con sobregiros de RD$794,266.
La Cámara de Cuentas expresó una opinión con salvedad, al considerar que estas prácticas afectan significativamente la transparencia y la correcta ejecución del presupuesto institucional.
El órgano fiscalizador sugirió a la Cruz Roja Dominicana:
- Eliminar reembolsos sin soportes.
- Garantizar que los pagos tengan cotizaciones firmadas y contratos.
- Investigar vínculos familiares o laborales entre suplidores y funcionarios.
- Evitar incluir el ITBIS en cotizaciones, conforme a la Ley 41-98.
- Fortalecer los controles internos para asegurar la legalidad y equidad en la selección de suplidores.
Este informe se suma a otras auditorías recientes que han revelado malas prácticas en instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que manejan fondos estatales.
