Mediante el Decreto núm. 408-25, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró de interés nacional todas las acciones, actividades e iniciativas relacionadas con el proceso de adhesión de la República Dominicana a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), uno de los principales organismos multilaterales del mundo enfocados en promover políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de la población.
La medida contempla la creación de una comisión presidencial que tendrá la responsabilidad de coordinar y supervisar los esfuerzos del país en su camino hacia la integración a este organismo internacional, reconocido por establecer estándares y mejores prácticas en áreas clave como transparencia fiscal, educación, comercio, inversión, innovación, gobernanza pública y sostenibilidad ambiental.
La comisión estará presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y estará integrada además por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Su labor será honorífica, sin remuneración, y podrá conformar subcomisiones técnicas según lo requieran los objetivos de trabajo.
El decreto establece que la comisión deberá coordinar las gestiones oficiales ante la OCDE, presentar propuestas de lineamientos para guiar la participación de las instituciones públicas, y reportar periódicamente los avances al Poder Ejecutivo. También se abre la posibilidad de incorporar al proceso a representantes del sector privado, la academia, la sociedad civil y otros actores nacionales.
Desde 2010, la República Dominicana ha fortalecido su relación con la OCDE, integrándose como miembro del Centro de Desarrollo y participando activamente en instancias como el Programa Regional de América Latina y el Caribe, el Foro Global sobre Transparencia Fiscal y el Foro Internacional de Transporte. La decisión de avanzar hacia la membresía plena responde a la visión de alcanzar un modelo de desarrollo sostenible y alineado con los estándares internacionales al año 2036.
Este paso se enmarca en los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y reafirma el compromiso del país con la modernización institucional, la transparencia y la cooperación internacional.
El decreto tendrá vigencia hasta que se alcancen los objetivos trazados o hasta tanto sea modificado por una norma de igual o superior jerarquía.
