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El comunicador Ángel Martínez deberá pagar una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora, además de presentarse periódicamente ante la justicia y tiene impedido salir del país, tras ser imputado por difamación agravada contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La decisión fue adoptada este martes por el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, en una audiencia a puerta cerrada que duró cerca de tres horas y se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Raful lo acusa de chantaje y difamación
La querella de Raful se sustenta en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Delitos y Crímenes de Alta Tecnología y el artículo 367 del Código Penal, tras alegar que Martínez difundió informaciones falsas y amenazas de divulgar “videos íntimos” inexistentes, con el fin de dañar su honra y credibilidad. La ministra también se constituyó en actor civil y reclama una indemnización de 50 millones de pesos.
Múltiples procesos judiciales
Martínez no solo enfrenta este caso. Otros procesos judiciales en su contra incluyen:
- Milagros De Camps, exviceministra de Medio Ambiente, también lo querelló por difamación. En ese caso, se le impuso una garantía económica de tres millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
- Sandra Eugenia de la Rosa lo acusa de extorsión y estafa por 300,000 dólares, haciéndose pasar por agente de la CIA y FBI. La denuncia incluye unos 80 depósitos realizados entre 2013 y 2020 y pide una compensación adicional de un millón de dólares.
- Sergio “Gory” Moya, diputado del PRM, se querelló en 2020 por difamación luego de ser vinculado al narcotráfico en el canal de YouTube de Martínez. En mayo de 2025, el tribunal le impuso presentación periódica e impedimento de salida tras levantarle la rebeldía.
- Vargavila Riverón, periodista, también lo demandó por difamación y exige 10 millones de pesos por daños morales.
- En Santiago, el empresario Arnulfo Gutiérrez Almonte presentó una querella por difamación en redes sociales, por la cual el tribunal ordenó grillete electrónico, impedimento de salida y presentación periódica.
La acumulación de estos casos ha llevado a los abogados de las víctimas a solicitar la intervención de autoridades judiciales dominicanas y estadounidenses.
