El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció que tomará medidas para revertir una decisión histórica de 2009 que permite a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) regular las emisiones de gases de efecto invernadero por considerarlas peligrosas para la salud pública.
El anuncio fue realizado por el director de la EPA, Lee Zeldin, durante una entrevista en el pódcast conservador Ruthless. Zeldin se refirió específicamente a la “Declaración de Peligro”, emitida durante el primer mandato del expresidente demócrata Barack Obama, tras un fallo de la Corte Suprema que autorizó a la EPA a regular los gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio de 1970.
“Más tarde hoy, vamos a hacer un gran anuncio sobre esa decisión de 2009, que concluyó que los gases emitidos por los vehículos motorizados amenazan la salud”, adelantó Zeldin.
Un paso atrás en política climática
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump —defensor de los combustibles fósiles y escéptico del cambio climático— ha impulsado un giro radical en las políticas ambientales federales. La acción de su administración contra la Declaración de Peligro representa un intento sin precedentes del propio gobierno de desmantelar una base legal clave para combatir la crisis climática.
Zeldin acusó a la antigua EPA de haber llegado a “conclusiones apresuradas” y señaló que, si bien los conservadores “aman el medioambiente”, algunos sectores estarían “dispuestos a llevar al país a la bancarrota en nombre de la justicia ambiental”.
Transporte, el mayor emisor
Actualmente, el sector del transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Según un informe reciente del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, si este sector fuera un país, sería el cuarto mayor emisor a nivel mundial, seguido por el energético, en quinto lugar.
Posible batalla legal
La Declaración de Peligro ha resistido múltiples impugnaciones legales de la industria durante los últimos 15 años. Sin embargo, esta es la primera vez que el ataque proviene desde dentro del propio gobierno, advirtió Dan Becker, director del programa de transporte del Centro para la Diversidad Biológica.
“Es previsible que los grupos ecologistas y varios estados presenten demandas que podrían escalar hasta la Corte Suprema, un tribunal actualmente muy politizado”, agregó Becker.
Este movimiento ha generado alarma entre organizaciones ambientales, que temen un debilitamiento de las protecciones federales ante una amenaza global como el cambio climático. La controversia promete desencadenar una nueva batalla judicial y política en torno al futuro de la acción climática en Estados Unidos.
