Australia ha incluido a YouTube en la lista de plataformas prohibidas para menores de 16 años, como parte de una ofensiva más amplia contra el uso de redes sociales por parte de adolescentes. La decisión fue impulsada por la Oficina de Seguridad Electrónica (eSafety Commissioner), a pesar de las advertencias legales de Alphabet, empresa matriz de YouTube.
La medida se suma a una legislación aprobada a finales de 2024 que ya restringía el acceso de menores a plataformas como Instagram, TikTok, X (antes Twitter), Facebook y Snapchat. La ley, que entrará en vigor en diciembre, obliga a las empresas tecnológicas a verificar la edad de sus usuarios y desactivar las cuentas de quienes no cumplan con el requisito. Las compañías que incumplan se arriesgan a multas de hasta 50 millones de dólares australianos (unos 33 millones de dólares estadounidenses).
Inicialmente, YouTube había quedado fuera del alcance de la normativa, en parte por su uso educativo. Sin embargo, un estudio reciente determinó que es la plataforma donde los menores reportan con más frecuencia exposición a contenidos dañinos. Esa evidencia, afirmó la comisionada, no puede ser ignorada.
«Queremos que los niños sepan quiénes son»
La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, defendió la decisión enérgicamente. “No podemos controlar el océano, pero sí podemos vigilar a los tiburones”, dijo, aludiendo a los peligros del entorno digital. “Queremos que los niños sepan quiénes son antes de que las plataformas decidan por ellos”, agregó.
Alphabet manifestó su desacuerdo en una carta enviada al gobierno, en la que advirtió que considera emprender acciones legales. También criticó que la decisión contradice un acuerdo previo que excluía a YouTube del alcance de la ley. “Estudiaremos nuestros próximos pasos y continuaremos el diálogo con el Ejecutivo”, expresó la compañía.
Aunque la normativa no bloquea el acceso general a YouTube, impide que los menores de 16 años creen cuentas, lo que limita el contenido personalizado y restringe la interacción con materiales potencialmente nocivos. Las plataformas deberán aplicar “medidas razonables” para evitar que los adolescentes eludan las restricciones, una tarea compleja dado el actual estado de la verificación de edad en internet.
Un debate global en evolución
Australia no está sola. En Estados Unidos, al menos una decena de estados —entre ellos Utah, Arkansas y Florida— han propuesto o aprobado leyes que restringen el acceso de menores a redes sociales o exigen el consentimiento de los padres. En el Reino Unido, el “Código de diseño apropiado para la edad” obliga desde 2021 a proteger a los menores limitando la recopilación de datos y funciones como la geolocalización.
Francia ha aprobado una ley que requiere autorización parental para abrir cuentas en redes sociales a menores de 15 años, mientras que la Unión Europea, a través de la Ley de Servicios Digitales (DSA), impone desde febrero de 2024 mayores exigencias para la verificación de edad y protección infantil.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció que llevará esta agenda a encuentros bilaterales en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en septiembre. “No es solo un asunto australiano, sino una preocupación compartida por todas las democracias que desean proteger a sus jóvenes del entorno digital”, declaró.
El fondo del problema
No obstante, persiste un debate sin resolver: cómo proteger eficazmente a los menores —y a la sociedad— en un ecosistema controlado por plataformas que eluden su responsabilidad sobre los contenidos que alojan y promueven. Amparadas en su estatus de intermediarios y no de editores, las grandes tecnológicas evitan consecuencias legales por la difusión de desinformación, violencia, discursos de odio o retos peligrosos.
Mientras esa arquitectura de impunidad se mantenga intacta —basada en modelos de negocio que recompensan la adicción, la polarización y el escándalo—, las restricciones por edad seguirán siendo soluciones parciales ante un problema estructural. La verdadera discusión no es si un menor puede tener o no una cuenta, sino quién controla los algoritmos que moldean su mundo emocional y cognitivo.
