La Corte Suprema de Brasil reafirmó este miércoles su compromiso con un juicio imparcial en el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro, a pesar de lo que calificó como “indicios graves” de su implicación en un intento de golpe de Estado.
El pronunciamiento se produce en medio de una nueva tensión diplomática: el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra el magistrado Alexandre de Moraes, responsable de las investigaciones contra el exmandatario.
“El Supremo Tribunal Federal no se apartará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes del país, que garantizan a todos los implicados el debido proceso legal y un juicio justo”, expresó el tribunal en un comunicado oficial.
Sanciones de EE.UU. y defensa institucional
Las tensiones se agudizaron luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense aplicara la Ley Magnitsky a De Moraes, acusándolo de “censura opresiva”, “detenciones arbitrarias” y “procesos judiciales politizados”, incluso contra Bolsonaro.
Las sanciones implican el congelamiento de bienes en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos del país norteamericano.
El juez, sin embargo, no posee propiedades ni cuentas bancarias en EE.UU., según medios brasileños. Además, el Departamento de Estado ya le había revocado la visa a él y a su familia el pasado 18 de julio.
El Supremo respalda a De Moraes y acusa intento de golpe
El tribunal recordó que Bolsonaro y otros 33 acusados enfrentan cargos por un intento de derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con base en “audios, documentos y testimonios” recolectados por la Fiscalía.
Entre las pruebas se encuentran planes que incluían el asesinato de autoridades públicas. Todas las decisiones judiciales adoptadas por De Moraes, como la imposición de tobillera electrónica a Bolsonaro y la restricción del uso de sus redes sociales, fueron ratificadas por la corte en pleno.
Reacción del gobierno brasileño
El presidente Lula da Silva calificó de “inaceptable” la interferencia de Estados Unidos en la justicia brasileña y manifestó que “la justicia no se negocia”.
En una nota oficial, Lula subrayó que sancionar a un juez en ejercicio atenta contra la independencia del Poder Judicial y sostuvo que las medidas fueron motivadas por “políticos brasileños que traicionan al país en defensa de sus propios intereses”, en alusión al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario.
El canciller Mauro Vieira, tras reunirse en Washington con su homólogo estadounidense, declaró que el Poder Judicial “no se curvará ante presiones externas” y que Brasil se reserva el derecho de responder.
Escalada diplomática y tensiones comerciales
Esta disputa marca un nuevo episodio de fricción bilateral tras el aumento del 50 % en aranceles decretado por la administración de Donald Trump a productos brasileños, aunque con algunas excepciones.
Lula indicó que evalúa acciones para mitigar el impacto económico y proteger a trabajadores y empresas afectadas.
“Brasil es un país soberano y democrático”, sentenció Lula, reafirmando su disposición al diálogo comercial, pero sin ceder en materia de justicia e institucionalidad.
