|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La Procuraduría General de la República presentó este viernes la acusación formal contra el regidor Walky Cuevas Charles, señalado como parte de una presunta red de narcotráfico y lavado de activos que operaba en San Pedro de Macorís y era liderada por el ya condenado Yunior Santos Restrepo.
Junto a Cuevas Charles también fueron acusados Pamela Astacio, Óscar Santana, Aníbal Fiorentino Rondón, Moisés Francisco Astacio y la empresa W. Cuevas Auto Import, todos identificados como integrantes de la estructura delictiva.
Según el Ministerio Público, el expediente está sustentado en pruebas documentales, financieras y testimoniales que demuestran la participación de los acusados en el lavado de activos provenientes del narcotráfico. La investigación fue encabezada por los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora.
La acusación indica que la organización utilizaba remesas, transferencias y depósitos en efectivo, a nombre de terceros y mediante cuentas bancarias, para introducir grandes sumas de dinero ilícito al sistema financiero dominicano. En total, se estima que se movieron RD$264,876,599.60 y US$1,063,632.59.
Además, se detalla que los implicados participaron en la adquisición de bienes y activos, otorgándoles apariencia de legalidad, al tiempo que colaboraban con la logística del narcotráfico.
El caso Santos Restrepo
Yunior Santos Restrepo, considerado cabecilla de la red, fue arrestado el 21 de septiembre de 2023 durante un operativo encabezado por el Ministerio Público. En los allanamientos fueron incautados 93 paquetes de cocaína (96.72 kg), armas, municiones, dinero en efectivo, vehículos de lujo, relojes, joyas y dispositivos electrónicos.
Santos Restrepo fue condenado a 12 años de prisión, mientras que su pareja, Yohan Altagracia Reyes Ruiz, recibió una pena de cinco años. También se decomisaron bienes adquiridos con fondos ilícitos y fueron arrestados familiares acusados de actuar como testaferros.
Apoyo internacional
Las pesquisas contaron con la colaboración de la DEA, el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Difla), adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Las procuradoras Ramona Nova y Suleyka Mateo reafirmaron el compromiso del Ministerio Público de seguir combatiendo la criminalidad organizada y garantizar que estos procesos concluyan con sanciones ejemplares.
