El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en una sentencia histórica dictada por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.
El fallo, contenido en un extenso documento de 1.114 páginas, marca un hito judicial en Colombia por tratarse de un exmandatario que gobernó entre 2002 y 2010 y sigue siendo una figura influyente en la política nacional.
La jueza determinó que las pruebas y testimonios recopilados durante el proceso fueron “suficientes para desvirtuar cualquier presunción de inocencia”.
Uribe fue hallado culpable como determinador penal de los delitos mencionados, aunque fue absuelto de otros cargos relacionados con los casos “Hilda Niño Farfán” y “Pacho Cundinamarca”.
La sentencia impone además una multa de 2.425 décimos de salario mínimo legal vigente y una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 100 meses y 20 días.
El exmandatario deberá cumplir la pena en su residencia de Rionegro, Antioquia, bajo vigilancia judicial. Como parte del proceso, deberá presentar una póliza judicial equivalente a cuatro salarios mínimos para garantizar el cumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario.
Aunque la decisión es en primera instancia, Uribe anunció que apelará el fallo y que personalmente sustentará su recurso ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Penalistas explicaron que la ejecución de la condena podría quedar suspendida mientras se resuelve la apelación, según lo establece el Código Penal colombiano.
En un mensaje publicado la mañana del 1 de agosto, Uribe expresó: “Me voy a centrar en la solución. Es un tema bastante complicado en términos personales, pero ya estoy trabajando en mi defensa”.
La sentencia ha generado intensas reacciones en la clase política y en la comunidad jurídica, que sigue con atención un proceso que podría redefinir el panorama judicial y político en Colombia.
