El dirigente político Pelegrín Castillo advirtió este martes que varios artículos del nuevo Código Penal, aprobado recientemente en el Congreso Nacional y pendiente de revisión por el Poder Ejecutivo, podrían representar una amenaza para la seguridad nacional, la libertad de prensa y la soberanía del país.
Durante declaraciones a la prensa, Castillo expresó su preocupación por disposiciones que, según dijo, penalizan acciones que actualmente realizan autoridades militares, policiales y migratorias en operativos contra delitos como el narcotráfico y la inmigración ilegal.
“¿Qué va a ocurrir con esto? Que los militares y policías que hacen retenes, sobre todo en la frontera para detectar ilegales, y los miembros de la DNCD, no podrán en lo adelante, o tendrán que pensarlo dos veces antes de parar un vehículo y revisarlo”, señaló.
El exministro de Energía y Minas afirmó que exigir una orden judicial para realizar requisas limitaría gravemente la capacidad operativa de los agentes en el terreno.
“Eso implica un grave problema, porque la mayoría de las veces es el oficial que está a cargo quien debe evaluar si hay sospechas razonables para revisar un vehículo. Ahora, cualquier acción de ese tipo podría llevar a prisión a un militar o policía”, advirtió.
También criticó un artículo que prohíbe el uso de imágenes o audios de personas sin su consentimiento, por considerar que atentaría contra el ejercicio del periodismo.
“Ese artículo es peligrosísimo. Dice que no podrán usarse imágenes ni audios sin consentimiento, y eso está tipificado como delito. Es una locura”, afirmó.
A juicio de Castillo, el nuevo Código incluye tipos penales que podrían utilizarse para perseguir autoridades y ciudadanos por razones ideológicas o políticas. Como ejemplo, citó la penalización de la discriminación por nacionalidad.
“La migración haitiana podrá ir al Altar de la Patria, y la autoridad que lo impida puede terminar en el banquillo de los acusados. Podrán marchar por todo el territorio nacional, y quien trate de detenerlo se expone a consecuencias legales”, afirmó.
También cuestionó normas que, según él, criminalizan conflictos domésticos o situaciones conyugales.
“Ahora habrá violencia doméstica si hay un problema económico en la casa. Si una esposa entiende que su esposo no le está dando suficiente sustento, ya eso sería delito. Incluso se plantea como crimen la violación entre esposos, lo que podría llevar a penas de hasta 20 años de prisión”, dijo.
Castillo concluyó con un llamado al presidente Luis Abinader a revisar el proyecto antes de promulgarlo.
“Lo correcto sería que el presidente observe este Código. Pero si decide promulgarlo, que al menos envíe de inmediato una propuesta de enmienda para corregir los artículos más cuestionados”, sugirió.
