La finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ubicada en el municipio de Rionegro, en el noroeste de Colombia, será el lugar donde purgará su condena de 12 años de prisión domiciliaria, tras haber sido declarado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal.
La sentencia fue dictada este viernes por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, convirtiendo a Uribe —quien gobernó entre 2002 y 2010— en el primer expresidente colombiano condenado judicialmente en primera instancia.
Prisión en finca de lujo
La propiedad en la que cumplirá la pena se encuentra en la exclusiva zona de Llanogrande, cerca del Aeropuerto José María Córdova, y a solo 30 kilómetros de Medellín, ciudad natal del exmandatario y bastión político del Centro Democrático, partido que fundó tras dejar el poder.
La finca cuenta con lago artificial, caballerizas con ejemplares de paso fino, amplias áreas de recreación y equipos de comunicación modernos. Desde allí, Uribe siguió gran parte de las audiencias virtuales de su juicio. También ha recibido visitas de figuras como el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y futbolistas como Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma.
Medida por riesgo de fuga
La jueza justificó la prisión domiciliaria señalando que Uribe tiene facilidades para abandonar el país y eludir la sanción, y mencionó estrategias dilatorias por parte de su defensa. A esto se suma una multa superior a los 3.400 millones de pesos colombianos (alrededor de 822.000 dólares) y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
Uribe, de 73 años, ha residido frecuentemente en esta finca junto a su esposa Lina Moreno desde que dejó la Presidencia en 2010, aunque también se le ha visto en su hacienda El Ubérrimo, ubicada cerca de Montería, en el norte del país.
Apelación en curso
La defensa del exmandatario ha anunciado que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá el próximo 13 de agosto, por lo que el proceso judicial aún no está cerrado.
La condena contra Uribe marca un hito en la historia política y judicial de Colombia, y sus implicaciones podrían extenderse mucho más allá del terreno legal.
