El nuevo Código Penal de la República Dominicana contempla castigos drásticos para quienes ataquen a otras personas con sustancias químicas peligrosas, como el conocido “ácido del diablo”.
La normativa, que entrará en vigencia en agosto de 2026, busca frenar esta forma extrema de violencia que ha dejado decenas de víctimas marcadas física y emocionalmente.
Según el artículo 103 del nuevo marco legal, quien arroje o exponga a otra persona a sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables u otras similares, y cause lesiones, mutilación o desfiguración, enfrentará hasta 30 años de prisión mayor, además de multas que oscilan entre 30 y 40 salarios mínimos del sector público.
Las penas se agravan si la víctima es un niño, adolescente o una persona en condición de vulnerabilidad.
En estos casos, el castigo será de entre 30 y 40 años de prisión mayor, acompañado de multas que pueden alcanzar hasta 1,000 salarios mínimos.
En el escenario más grave, cuando la agresión cause la muerte de la víctima, la sanción se eleva al tope máximo legal de 40 años de prisión, junto a una multa que puede llegar hasta 1,000 salarios mínimos.
Incluso cuando el ataque no cause daños permanentes, mutilación o desfiguración, la ley contempla penas de 5 a 10 años de prisión mayor y multas que varían entre 10 y 20 salarios mínimos.
Asimismo, el artículo 104 sanciona con igual severidad a quienes suministren estas sustancias de forma que produzcan efectos mentales temporales, como alucinaciones, delirio o amnesia.
El recién promulgado Código Penal (Ley 74-25) también introduce otras modificaciones importantes, como la implementación del cúmulo de penas, que establece un límite máximo de 60 años de prisión para quienes cometan múltiples delitos graves, según el artículo 49.
Con estas disposiciones, el Estado dominicano busca reforzar la lucha contra la violencia extrema y la impunidad, estableciendo un régimen legal más estricto y acorde a la gravedad de los crímenes cometidos.
