El especialista en derecho penal Francisco Álvarez Martínez advirtió sobre graves contradicciones entre varios tipos penales del nuevo Código Penal y disposiciones sancionatorias contenidas en la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, recientemente promulgada.
Durante un panel organizado por la Asociación de Contratistas y Suplidores (ACS) el pasado 24 de julio, Álvarez calificó de “urgente” la necesidad de reformas legislativas para evitar lo que denominó un “caos interpretativo” en materia de contrataciones públicas.
“El Código Penal, al ser una ley posterior, deroga o modifica las anteriores que le sean contrarias. Esa advertencia ya es un hecho jurídico palpable”, expresó el jurista a través de su cuenta en X (antes Twitter), al señalar que las superposiciones legales están generando inseguridad jurídica.
Fricciones entre normas penales
Álvarez explicó que varios artículos de la Ley 47-25 friccionan directamente con disposiciones del Código Penal que establecen penas más severas o con una redacción más amplia. A continuación, los principales conflictos identificados:
-
Falsedad en declaraciones juradas de proveedores
-
Ley 47-25 (art. 233): hasta 3 años de prisión.
-
Código Penal (arts. 348-353): penas de 1 a 20 años, amplía el catálogo de documentos y alcanza a personas jurídicas.
-
-
Violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones
-
Ley 47-25 (art. 234): entre 2 y 5 años de prisión.
-
Código Penal (arts. 284-285): de 3 a 20 años de prisión, con multas proporcionales al monto involucrado.
-
-
Interés indebido en la celebración de contratos
-
Ley 47-25 (art. 235): sanción limitada.
-
Código Penal (art. 306): penas de 5 a 10 años y multas de hasta 10 veces el valor pagado.
-
-
Colusión entre oferentes y propuestas fraudulentas
-
Ley 47-25 (arts. 236-237): penas menores.
-
Código Penal (art. 287): castiga con 5 a 10 años de prisión e inhabilitación.
-
Crítica al proceso legislativo
El jurista consideró que muchos de estos conflictos son consecuencia de un proceso legislativo apresurado que no tomó en cuenta la armonización normativa. En su intervención en el panel de la ACS, lamentó que “incrustar innecesariamente tipos penales en la entonces propuesta de Ley de Compras —hoy Ley 47-25— generaría fricciones inevitables con el proyecto de Código Penal que terminó promulgándose”.
Álvarez concluyó que estas contradicciones ahora exigen correcciones legislativas urgentes para evitar que se generen interpretaciones dispares en los tribunales, afectando la seguridad jurídica y la eficacia en la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas.
