En una jugada política que mezcla seguridad, historia y prejuicios, el Gobierno argentino emitió recientemente un decreto que impone a los ciudadanos dominicanos el requisito de poseer una visa estadounidense vigente para poder entrar al país. Esta medida ha generado más de una ceja levantada, especialmente cuando su origen remoto parece vinculado a una trama de explotación que ya debería estar en el pasado.
Un paso atrás en el acceso libre
Según informa Clarín, el decreto se dio a conocer a finales de junio y, aunque también flexibiliza el ingreso a ciudadanos chinos, representa todo un retroceso para los dominicanos que solían ingresar libremente como turistas o por trabajo. La nueva disposición, además de complicar la movilidad, pone en evidencia cómo historias marginales pueden permear decisiones estatales sin considerar el sentido común de hoy.
Historia y prejuicio: el fantasma de una red de explotación
La decisión surge, en parte, como fruto de una investigación judicial del año 2011 sobre una red de prostitución que operaba en Argentina y tenía entre sus víctimas a jóvenes dominicanas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El recuerdo de ese episodio aún pesa en la percepción oficial sobre los visitantes procedentes de ese país caribeño, colocándolos bajo sospecha unilateral por una minoría que vivió un destino oscuro.
Turismo desigual
A contraste, cientos de miles de argentinos viajan cada año a República Dominicana —entre 300.000 y 500.000, según cifras citadas— para disfrutar de sus playas, sin que se exijan condiciones tan estrictas como las ahora impuestas a los dominicanos que desean ingresar a Argentina . Esta disparidad no solo refleja desequilibrios diplomáticos, sino también una lectura sesgada de la movilidad internacional.
Una política miope e innecesaria
Más allá del discurso de seguridad, la visa estadounidense como requisito alternativo no soluciona nada; simplemente castra el libre tránsito de ciudadanos que hoy viajan por negocios o turismo. Es una medida incomprensible si no va acompañada de un plan serio de migración, control fronterizo y cooperación binacional.
Argentina no puede ni debe cargar con el estigma de episodios del pasado. Si la intención era prevenir redes de explotación, eso se logra fortaleciendo las fiscalizaciones y cooperación internacional, no regulando de manera generalizada a ciudadanos honrados que solo desean visitarnos.
