El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos, mientras se resuelve la apelación interpuesta por su defensa.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió «amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez» y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien había dictado la sentencia condenatoria y ordenado su inmediata privación de libertad.
Uribe, líder y fundador del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el pasado 1 de agosto en el primer expresidente colombiano en recibir una condena penal, tras ser hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado juicio del siglo.
La defensa del exmandatario interpuso tres días después de la condena una acción de tutela ante el Tribunal Superior, alegando que la jueza vulneró derechos fundamentales al justificar la detención con el argumento de preservar la convivencia pacífica, lo que calificaron como «una motivación aparente, ambigua y sin sustento».
El Tribunal falló a favor de la defensa, aunque desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la detención de su líder afectaba directamente los derechos fundamentales de la organización política.
En su decisión, la Sala señaló que algunos recursos de apelación cuestionaron comentarios y actuaciones de la jueza y la Fiscalía que «presuntamente revelan parcialidad, abuso de funciones, irrespeto y motivaciones políticas o ideológicas». No obstante, aclaró que dichos señalamientos deberán resolverse en la segunda instancia y no a través de esta acción de tutela.
El pasado 13 de agosto, la defensa de Uribe formalizó la apelación de la sentencia condenatoria, la cual deberá ser resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá a más tardar el próximo 16 de octubre.
Este proceso judicial tiene sus orígenes en 2012, cuando el propio Uribe denunció al congresista de izquierda Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema decidió no investigar a Cepeda y, en cambio, abrió un proceso contra el expresidente al considerar que él habría intentado manipular testigos para evitar señalamientos por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
