La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó en cuanto al fondo la acción de amparo colectivo de extrema urgencia interpuesta contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Fideicomiso Parquéate RD, que buscaba frenar la aplicación de multas de RD$5,000 a conductores por mal estacionamiento en espacios públicos.
La sentencia núm. 0030-1642-2025-SSEN-00340 declaró la acción como regular y válida en cuanto a la forma, pero inadmisible en cuanto al fondo. El tribunal concluyó que no se configuraban violaciones constitucionales que justificaran el uso de la vía del amparo.
El abogado Cirilo de Jesús Guzmán López, quien presentó la acción, alegaba que Parquéate RD no tiene facultad legal para imponer sanciones, al no ser una autoridad con competencia sancionadora. Argumentó que esto vulneraba derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de legalidad.
Sin embargo, el TSA determinó que no quedó demostrado que el fideicomiso haya impuesto las multas en cuestión, ni que se haya producido una vulneración de derechos. Además, el tribunal señaló que el accionante no presentó evidencia de un acto administrativo concreto ni explicó el fundamento legal de las sanciones, admitiendo incluso desconocer los mecanismos mediante los cuales podrían aplicarse.
