Una jueza federal detuvo temporalmente la política de deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados promovida por el Gobierno de Donald Trump, tras considerar que viola el derecho al debido proceso legal.
La medida, conocida como “expulsión inmediata”, fue restablecida en enero y permite deportar rápidamente a migrantes que no puedan demostrar que llevan al menos dos años en el país, sin audiencia previa.
La jueza Jia Cobb, de Washington D.C., señaló que la política “prioriza la rapidez” y que podría llevar a deportaciones erróneas al aplicarse de manera masiva dentro del país, no solo en la frontera. Su dictamen de 48 páginas subraya que, aunque la política original no se cuestiona en cuanto a constitucionalidad, su expansión sí requiere garantías legales.
La decisión da la razón a grupos de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Make The Road New York, que denunciaron que la política viola la Quinta Enmienda, que garantiza un proceso legal justo, así como leyes de inmigración y procedimientos administrativos.
La jueza advirtió que aceptar que los inmigrantes indocumentados carezcan de derechos procesales sería “verdaderamente sorprendente” y podría poner en riesgo a todos los ciudadanos del país.
