Un grupo de ingenieros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) protestó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), exigiendo respuesta por la paralización de 92 expedientes de contratistas con deudas pendientes desde finales de los años 90.
Los profesionales denunciaron que los documentos esenciales para autorizar los pagos habrían desaparecido de los archivos oficiales, responsabilizando al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Hacienda de la situación.
Ante las críticas, el presidente Luis Abinader reconoció que su gestión ha pagado parte de los compromisos atrasados, siempre que existan los soportes legales correspondientes. No obstante, advirtió que resulta imposible cumplir con los casos donde faltan los contratos originales.
“De los que no se tiene soporte, aunque uno quisiera favorecer a ingenieros que lo hicieron, es difícil porque no es dinero nuestro, es dinero del Gobierno”, expresó Abinader, subrayando que la ausencia de documentación impide resolver todas las deudas reclamadas.
