Varios abogados de familias querellantes en un presunto caso de corrupción que involucra a exministros del país exigieron este viernes que los imputados que realizaron devoluciones millonarias mediante acuerdos con el Ministerio Público también sean sometidos a proceso penal. Los abogados aseguran que estas medidas no eximen a los acusados de enfrentar la justicia por los delitos cometidos.
José Javier Bidó, representante legal de la familia Mota, presunta víctima de la estafa, explicó que los acusados que llegaron a acuerdos con el órgano acusador confesaron en interrogatorios haber despojado a varias familias de miles de millones de pesos. Sin embargo, ninguno de ellos fue procesado judicialmente. “Eso viola el artículo 34 del Código Procesal Penal Dominicano, el cual establece que solo quienes son procesados pueden ser favorecidos con un criterio de oportunidad”, subrayó Bidó.
Los abogados añadieron que la normativa reconoce también los derechos de los querellantes, que, según ellos, no se han respetado en este caso. A pesar de las devoluciones de fondos millonarios al Estado, las familias afectadas “no han recibido ni un peso”, denuncian los representantes legales.
Entre los imputados que realizaron acuerdos con el Ministerio Público se encuentran el empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo, y Fernando Crisóstomo Herrera, quienes devolvieron al Estado RD$1,816,770,078 mediante un convenio que extinguió la acción penal en su contra.
El caso involucra principalmente a los exministros Donald Guerrero, de Hacienda; José Ramón Peralta, de la Presidencia; y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa preliminar bajo la jurisdicción del Cuarto Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional.
En un caso paralelo de corrupción, el exsenador Alexis Medina fue condenado por estafa contra el Estado. Su cuñado, Maxy Montilla, devolvió 3,000 millones de pesos en un acuerdo con el Ministerio Público para evitar enfrentar un juicio, lo que ha generado críticas sobre la eficacia de los mecanismos de justicia y la protección de los derechos de los afectados.
El reclamo de las familias refleja la preocupación sobre la impunidad de los funcionarios y empresarios vinculados a actos de corrupción, y subraya la necesidad de que la justicia actúe de manera integral, asegurando tanto la reparación a los afectados como la sanción a quienes cometieron los delitos.
