La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este domingo que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió 15 sentencias que rechazan las solicitudes de medidas cautelares interpuestas por la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana (DR-Tesol) contra el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y varias universidades del país.
Según el comunicado, el TSA concluyó que no se cumplían los requisitos esenciales establecidos en la Ley núm. 13-07 para la adopción de medidas cautelares, al no demostrarse la apariencia de buen derecho ni el peligro en la demora.
La DR-Tesol, representada por el profesor Juan Omar Valdez Durán, solicitaba la suspensión provisional de múltiples contratos suscritos entre Inafocam y universidades nacionales, alegando presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación.
Durante el proceso, las universidades actuaron como intervinientes forzosos y la DGCP como interviniente voluntaria, demostrando que los contratos fueron celebrados conforme a derecho y que su ejecución responde a programas de alto interés público, como la inducción de docentes de nuevo ingreso y la formación de bachilleres aspirantes a docentes del sector público, conocidos como “Docentes de Excelencia”.
La DGCP valoró las decisiones del Tribunal como un respaldo a la correcta aplicación de la normativa y reafirmó su rol como garante de la transparencia en materia de compras públicas. “Estos fallos confirman que los procesos de contratación analizados se encuentran ajustados al marco normativo, protegen el interés general y garantizan el desarrollo de políticas públicas prioritarias”, expresó el director general de la DGCP, Carlos Pimentel.
La institución reiteró que continuará fortaleciendo la confianza ciudadana mediante el acceso a información pública, el monitoreo preventivo y la promoción de buenas prácticas en gestión pública.
Las sentencias, firmadas digitalmente el 29 de agosto de 2025, corresponden a los expedientes 0030-01-2025-SSMC-00087 al 00108. El TSA concluyó que suspender los contratos podría generar un perjuicio grave al interés general, al interrumpir programas de capacitación docente esenciales para la calidad del sistema educativo nacional.
