Al menos 261 religiosos han sido desterrados de Nicaragua, entre ellos obispos, sacerdotes, monjas y seminaristas, en el marco de una creciente confrontación entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la Iglesia católica, denunció la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más en su informe Fe bajo fuego.
La lista incluye al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Carlos Enrique Herrera, los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez e Isidoro Mora, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y cerca de 140 sacerdotes de diversas diócesis, además de más de 90 monjas, una decena de seminaristas y tres diáconos.
Desde la expulsión del nuncio Sommertag en marzo de 2022, las relaciones entre Managua y el Vaticano se han deteriorado drásticamente. Según la ONG, el gobierno sandinista ha cerrado 5,609 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 1,294 eran de carácter religioso, muchas de ellas con bienes confiscados. También ha clausurado al menos 54 medios de comunicación, incluidos 22 religiosos.
La represión, indica el informe, se ha extendido a otras denominaciones cristianas, con detenciones de pastores, control de templos, confiscaciones, cierre de universidades y medios evangélicos, así como la cancelación de la personalidad jurídica de la Iglesia Morava.
La Iglesia católica fue un actor clave como mediadora en el fallido diálogo nacional de 2018 y denunció abusos contra manifestantes, lo que, según la ONG, llevó al gobierno a considerarla una amenaza a su permanencia en el poder.
En marzo de 2023, el papa Francisco calificó al régimen de Ortega como una “dictadura grosera”, un mes después de la condena a 26 años de cárcel por “traición a la patria” del obispo Álvarez, hoy exiliado y desnacionalizado. Ortega, por su parte, ha tildado a la Iglesia de “mafia” y antidemocrática, y disolvió la orden jesuita, a la que pertenece el pontífice.
