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Caso Santiago: Interior y Policía suspende agentes tras muerte de cinco civiles; Fiscalía abre investigación

Caso Santiago: Interior y Policía suspende agentes tras muerte de cinco civiles; Fiscalía abre investigación

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció este viernes la suspensión inmediata de los agentes de la Policía Nacional involucrados en la muerte de cinco hombres en Santiago, durante un supuesto intercambio de disparos ocurrido el pasado miércoles en la avenida Olímpica, sector La Barranquita. Los agentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Raful aseguró que el proceso se llevará “hasta sus últimas consecuencias” y reiteró que “no habrá impunidad”, subrayando que el orden se construye con legalidad y justicia.

La Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director de Persecución, Wilson Camacho, y a la fiscal de Santiago, Quirsa Abreu, a encabezar las investigaciones. El objetivo es determinar las circunstancias objetivas del hecho y proceder conforme a los resultados.

Versión oficial vs. versión familiar

La Policía Nacional sostiene que los fallecidos —Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez— formaban parte de una “peligrosa banda” vinculada al sicariato, tráfico de armas, secuestros y narcotráfico. En el operativo se incautaron cinco armas de fuego, incluyendo un fusil AR-15 y una ametralladora Uzi, además de tres vehículos.

Sin embargo, familiares de José Vladimir Valerio Estévez niegan cualquier vínculo con actividades delictivas. Aseguran que era peluquero y que al momento del hecho se encontraba trabajando. Este viernes acudieron a la Fiscalía de Santiago para exigir justicia y que se siente un precedente judicial contra los agentes actuantes.

La Policía también informó que un sexto individuo, identificado como Ronny Abel Sánchez Morillo, alias “Mudita”, logró escapar del lugar y es señalado como cabecilla de la supuesta red criminal.

El caso ha generado fuerte reacción pública y pone a prueba los protocolos de actuación policial, así como el compromiso institucional con la transparencia y el debido proceso.

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