El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a Estados Unidos y a República Dominicana de ser responsables del posible asesinato de ciudadanos colombianos tras el hundimiento de una lancha rápida en aguas del Caribe el pasado 19 de septiembre.
Petro aseguró que, de confirmarse que entre los tripulantes había colombianos, los responsables serían funcionarios de ambos países. A través de su cuenta en X, afirmó: “Si la lancha fue hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos. Esto significa que funcionarios de EE. UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos”.
El mandatario pidió una investigación internacional y exhortó a las madres de jóvenes desaparecidos a denunciar ante las autoridades competentes. Criticó además la legalidad del procedimiento, señalando que “no hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar”.
El incidente ocurrió a unas 80 millas náuticas de Isla Beata, en Pedernales, República Dominicana, cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Comando Sur de EE. UU. y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, interceptó la embarcación señalada como operada por “narcoterroristas”. Durante el operativo, un ataque aéreo estadounidense hundió la lancha, destruyendo parte de la carga y recuperando 377 paquetes de droga, mientras que otros 60 resultaron destruidos, totalizando cerca de 1.000 kilogramos de cocaína.
El expresidente estadounidense Donald Trump confirmó en su red social Truth Social que el ataque fue orden directa suya, generando polémica sobre la continuidad de operaciones militares estadounidenses en la región.
El caso ha generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la estrategia de “ataques letales” en altamar, defendida por Washington como parte de la lucha contra el narcotráfico, pero criticada por Colombia como una violación de derechos humanos y del derecho internacional.
De confirmarse la presencia de colombianos entre los tripulantes, el episodio podría escalar a instancias internacionales y abrir un nuevo frente diplomático entre Bogotá, Washington y Santo Domingo.
