Nicolás Maduro busca consolidar su poder mediante el decreto del llamado “estado de conmoción” en Venezuela, una medida que, según analistas y militares retirados, responde más a temores internos que a amenazas externas.
Un alto oficial retirado del Ejército explicó a Infobae que la intención de Maduro es “acuartelar a todas las fuerzas públicas, controlar la lealtad interna y garantizar el sustento de personal militar y civil 24 horas en sus cuarteles”. Según este oficial, el mandatario enfrenta presiones internas por la paralización de negocios lícitos e ilícitos y su impopularidad, factores que podrían incentivar traiciones dentro de su círculo más cercano.
El decreto, publicado después de las elecciones del 28 de julio de 2024, se percibe como un intento de prevenir rebeliones internas y facilitar persecuciones judiciales rápidas contra opositores o personas consideradas desleales. La medida coincide con despliegues de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia, además de la entrega de armas a civiles, en un movimiento que analistas califican como un “ensayo y error” del régimen.
Según expertos, Maduro usa como excusa el supuesto asedio de fuerzas extranjeras, pero su preocupación real es la amenaza interna. Se teme que actores dentro de su propio entorno, incluidos grupos vinculados al narcotráfico, puedan traicionarlo ante la pérdida de ingresos y la caída del régimen.
Conforme a la Constitución de Venezuela y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, las garantías de derechos fundamentales como la vida, el debido proceso y la libertad personal no pueden ser suspendidas. Sin embargo, analistas advierten que el régimen pretende generar miedo colectivo y paralizar a la población, usando a los cuerpos policiales y de inteligencia para violar derechos constitucionales de forma sistemática.
El decreto de estado de conmoción refleja, según observadores, un patrón de acciones del régimen venezolano que prioriza la supervivencia política por encima de los derechos ciudadanos, vulnerando la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica dictada por Hugo Chávez.
