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Auditoría revela graves fallas administrativas en la Policía Nacional entre 2010 y 2015

Auditoría revela graves fallas administrativas en la Policía Nacional entre 2010 y 2015

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La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) identificó múltiples debilidades en el control interno de la Policía Nacional (PN) durante el período 2010–2015, según una auditoría oficial que señala omisiones e incumplimientos de normativas administrativas, financieras y legales que comprometen los recursos públicos y afectan el desarrollo institucional.

Entre las irregularidades detectadas figuran:

  • Ausencia de difusión del Código de Ética y falta de claridad en las líneas de mando.
  • Asignación de bienes a miembros sin reglamentación formal.
  • Gastos por servicios de inteligencia sin normativa interna y desembolsos por RD$30.6 millones sin documentación que los respalde.
  • Cuentas bancarias no conciliadas y diferencias de RD$19.1 millones entre reportes de depósitos y registros de la Tesorería.
  • Pagos energéticos por más de RD$496 millones sin soportes documentales.
  • Personal civil en nómina por más de seis meses sin estar incorporado al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
  • Pagos de especialismos por más de RD$3.1 millones a miembros no registrados en nómina fija.
  • Deficiencias en el control de mobiliarios, equipos, armas y vehículos en desuso no localizados.

El informe también señala irregularidades en obras civiles, como expedientes incompletos, planos sin aprobación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), diferencias en cubicaciones y pagos con precios alzados sin justificación técnica.

Además, se detectaron retenciones fiscales y de pensiones no aplicadas, afectando tanto al fisco como a los fondos de los trabajadores. Se registraron pagos por servicios y contrataciones sin cumplir con las normativas vigentes, incluyendo compras de urgencia por RD$285 millones sin los informes requeridos por los órganos de control.

La Cámara de Cuentas concluye que estas debilidades exponen a la Policía Nacional a riesgos administrativos y financieros que impactan negativamente en el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

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