El Investment Climate Statement 2025, publicado este martes por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, señala que el número y el alcance de las empresas estatales en República Dominicana se ha reducido desde 1997, quedando concentradas principalmente en los sectores de electricidad, banca, minería y refinación.
Según el documento, que recoge percepciones de inversionistas extranjeros, el Estado dominicano continúa siendo el mayor empleador formal del país, con un 12 % de la población ocupada en funciones públicas y de defensa. Tras asumir la presidencia en 2020, Luis Abinader creó la Comisión para la Liquidación de los Órganos del Estado (CLOE), mediante el Decreto 422-20, con la misión de cerrar entidades como la Corporación de Empresas Estatales (Corde), la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
El Consejo Estatal del Azúcar, aún operativo a través del ingenio Porvenir, recibió en 2024 unos 806 mil dólares del Gobierno Central, aunque no publicó estados financieros debido a su proceso de disolución.
En marzo de 2023 se promulgó la Ley 20-23, que regula los fideicomisos públicos y les otorga capacidad jurídica para administrar recursos estatales. La normativa también establece reglas para que entidades autorizadas actúen como fideicomitentes, fideicomisarios o beneficiarios.
El informe detalla que el Estado es propietario de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), de las tres distribuidoras de electricidad y del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED). Solo en 2023, el gobierno destinó 1,550 millones de dólares en subsidios para estas compañías. También participa en la generación eléctrica, especialmente hidroeléctrica y de carbón, y creó la Compañía de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) para mejorar la transparencia en la operación de la central de carbón.
En el ámbito financiero, BanReservas —banco estatal de operación autónoma— se posiciona como el más grande del país y líder en préstamos y depósitos. Su crecimiento ha sido impulsado por la obligación de que los empleados públicos reciban sus salarios a través de sus cuentas. Un tercio de su cartera corresponde a préstamos a instituciones gubernamentales.
En el sector energético, tras adquirir en 2021 la participación de PDVSA, el gobierno se convirtió en accionista único de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), que concentra más del 60 % del mercado de combustibles y recibió subsidios superiores a 277 millones de dólares en 2024 para estabilizar precios.
El informe también destaca la creación en 2024 de la Compañía Minera Dominicana (Emidom), encargada de administrar proyectos estratégicos y reservas fiscales como la de Ávila, en Pedernales. Actualmente, las empresas estatales dominicanas no tienen operaciones internacionales ni inversiones en Estados Unidos.
Finalmente, el reporte recuerda que la privatización parcial de empresas estatales entre finales de los años noventa y principios de los 2000 permitió la entrada de capital extranjero en sectores como electricidad, aeropuertos y caña de azúcar. Sin embargo, en el caso del sector eléctrico, muchas de estas reformas fueron revertidas entre 2003 y 2009.
