Una coalición de veinte estados liderados por fiscales generales demócratas, junto al Distrito de Columbia, presentó este miércoles una demanda contra una política del Gobierno del presidente Donald Trump que prohíbe utilizar subvenciones federales de seguridad para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados.
La querella, interpuesta en Rhode Island, impugna una disposición reciente del Departamento de Justicia que restringe el uso de fondos asignados por leyes como la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), impidiendo que se destinen a servicios legales para personas sin estatus migratorio regular, salvo contadas excepciones.
Los estados demandantes alegan que la medida viola la Cláusula de Gastos de la Constitución estadounidense y que su redacción ambigua deja a los gobiernos estatales y a sus organizaciones subvencionadas “adivinando” qué servicios están prohibidos. También denuncian que la norma impone cargas administrativas excesivas, como la verificación del estatus migratorio de cada beneficiario antes de ofrecer asistencia.
Los servicios afectados incluyen apoyo para presentar denuncias, obtener órdenes de protección, solicitar indemnizaciones y gestionar visitas familiares, entre otros.
“El Gobierno federal continúa impulsando políticas que hacen que nuestras comunidades sean menos seguras”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, quien forma parte de la demanda. Señaló que la vaguedad de la norma podría obligar a las organizaciones a reducir drásticamente sus servicios, por temor a sanciones.
Además de California, la demanda fue presentada por New York, Colorado, Illinois, Rhode Island, Arizona, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
