El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso este viernes la apertura a juicio contra los integrantes de la red desmantelada mediante la Operación Gaviota, acusada de estafar a 332 personas mediante un esquema piramidal que superaría los RD$4,239 millones y US$11.6 millones.
El tribunal acogió la acusación presentada por fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quienes sostienen que la estructura operó entre 2020 y 2024 a través de la empresa Investor Winner IW S.R.L., prometiendo rendimientos mensuales de entre 10 % y 30 % bajo el falso alegato de inversiones bursátiles legítimas.
Entre los principales imputados enviados a juicio figuran Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de Martínez, junto a Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
También fueron incluidos O’neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D’Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, entre otros.
Según el expediente, los acusados utilizaron al menos 18 empresas y cooperativas de fachada —entre ellas IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Coopes y Vagary Consulting S.R.L.— sin autorización de la Superintendencia de Bancos ni del Mercado de Valores.
La investigación determinó que se trataba de un esquema Ponzi clásico, en el que los pagos a los primeros inversionistas eran cubiertos con los aportes de nuevos participantes. Muchas víctimas hipotecaron propiedades y comprometieron sus ahorros personales confiando en supuestas inversiones internacionales que nunca existieron.
Los imputados habrían utilizado redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar las falsas oportunidades, además de falsificar estados financieros y constituir sociedades ficticias para dar apariencia de legalidad.
Las maniobras incluyeron la cesión de acciones y el abandono de domicilios tras el colapso del esquema, con el propósito de obstaculizar la investigación. Algunos se trasladaron desde Higüey hacia provincias como Dajabón y Azua, mientras que otros salieron del país.
El Ministerio Público presentó más de 650 pruebas, entre ellas 376 testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 documentales y 29 materiales. La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 14 de noviembre de 2025.
