Un juzgado colombiano condenó este lunes a José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a 28 años de prisión por su responsabilidad como determinador del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, ocurrido el 21 de mayo de 1999 y ejecutado por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El fallo fue proferido por la jueza Claudia Marcela Castro, del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, quien además impuso una inhabilitación de 20 años para ejercer cargos públicos y declaró el caso como un delito de lesa humanidad, lo que significa que no prescribirá con el tiempo.
Un plan desde las altas esferas del Estado
La Fiscalía reveló que Narváez, en su calidad de subdirector de inteligencia entre 2005 y 2006 durante el Gobierno de Álvaro Uribe, sostuvo reuniones con el exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil, a quien le propuso retener y asesinar a Córdoba, acusándola de supuestos vínculos con la guerrilla del ELN. Para sustentar esa petición, Narváez habría entregado información confidencial obtenida por el DAS.
Finalmente, Córdoba fue secuestrada cuando acudía a una cita médica en Medellín y permaneció en cautiverio hasta el 4 de junio de 1999, cuando fue liberada tras la intervención de diversos sectores políticos y organizaciones humanitarias.
Una condena con valor simbólico
El abogado Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representa a las víctimas, afirmó que la sentencia demuestra que Narváez fue «el instigador y coordinador de un crimen cometido con apoyo de estructuras estatales y paramilitares».
Piedad Córdoba, una figura política reconocida por su cercanía al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, falleció por causas naturales en enero de 2024, sin haber visto concluida esta parte del proceso judicial.
Solicitan investigar a Álvaro Uribe y su hermano
Como consecuencia del proceso, la jueza también solicitó a la Fiscalía abrir investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe, y a un militar identificado como General Ospina, como presuntos responsables del asesinato de los defensores de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle, ambos asesinados en 1998.
La solicitud se basa en el testimonio de un testigo que mencionó una supuesta reunión en 1997, en la que los hermanos Uribe y el general habrían planeado acciones contra líderes sociales, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia.
El expresidente rechazó la decisión y calificó como “miserable” el envío del expediente a la Fiscalía, asegurando que se basa en una “declaración fantasiosa investigada hace años sobre una reunión inexistente”.
