Al menos tres personas, incluido un soldado, resultaron heridas este martes tras una serie de ataques simultáneos con drones explosivos en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare, al sureste de Colombia. Los atentados, dirigidos contra la residencia del alcalde, una base militar y una estación de Policía, fueron atribuidos por el Ejército a la estructura Armando Ríos, perteneciente a las disidencias de las FARC.
Las autoridades calificaron la acción como una “ofensiva coordinada que buscó generar zozobra en la región”. El soldado herido en el ataque al Batallón de Selva N.º 24 General Luis Carlos Camacho Leyva se encuentra estable y bajo atención médica, según fuentes castrenses.
El gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, condenó el hecho y aseguró que el alcalde de Calamar, Camilo Castaño, está fuera de peligro. “En el Guaviare no podemos permitir que los actores armados sigan sembrando miedo ni retroceder hacia tiempos de violencia”, expresó en redes sociales, instando al Gobierno nacional a reforzar la seguridad de los mandatarios locales.
Reacciones políticas y preocupación electoral
El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, también repudió los ataques, calificándolos como “acciones cobardes” que buscan infundir temor. Rodríguez pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables.
Varios aspirantes a la Presidencia colombiana se sumaron a las condenas. Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, afirmó que “los violentos y el terror no pueden ganar”, y llamó a ejercer liderazgo firme para recuperar la seguridad. Por su parte, Juan Carlos Pinzón advirtió sobre el “deterioro acelerado” de la situación en el país, recordando otro ataque reciente en el Valle del Cauca que dejó heridos y viviendas destruidas.
Los hechos en Guaviare se suman a un ambiente de creciente tensión, luego de que en Arauca fuera incendiado un vehículo decorado con la imagen del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. La Defensoría del Pueblo alertó que más de 600 municipios presentan riesgos de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
La escalada de violencia ha encendido las alarmas sobre la seguridad electoral en Colombia, en medio de un panorama marcado por la presencia de grupos armados y el debilitamiento de las garantías democráticas en varias regiones del país.
