La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, dictó este martes tres meses de prisión preventiva contra cuatro agentes de la Policía Nacional, mientras que otros siete enfrentarán medidas cautelares menos severas. Todos están vinculados a la muerte de cinco hombres durante un operativo policial en el sector La Barranquita, al suroeste de Santiago.
Los agentes enviados a prisión son el sargento Hairo Mateo Morillo, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz y el cabo Yohandy Encarnación.
En cambio, los otros siete imputados deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos mediante una aseguradora, presentarse periódicamente ante las autoridades y tienen prohibido salir del país. Estos son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; los tenientes Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Además, el tribunal ordenó que ninguno de los acusados se acerque a los familiares de las víctimas, como parte de las restricciones impuestas.
El grupo enfrenta cargos por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
El hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre en el estacionamiento de una plaza comercial en La Barranquita. La Policía lo calificó como un enfrentamiento armado durante un operativo, pero el Ministerio Público sostiene que se trató de una ejecución extrajudicial.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución, valoró la decisión judicial y aseguró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer los hechos y garantizar justicia. “Estos hechos, que produjeron cinco muertes, no deben ser normalizados. La sociedad necesita saber qué ocurrió realmente y asegurar que situaciones como esta no se repitan”, expresó.
Por su parte, Esteban Pérez, abogado de una de las víctimas, consideró que la medida fue insuficiente. “Respetamos la decisión, aunque no la compartimos. Se debió imponer prisión preventiva para todos los implicados, dada la gravedad de los hechos y las inconsistencias en la versión policial”, afirmó. Agregó que evaluará junto a otros abogados si apelan la decisión.
En defensa de los agentes, el abogado Carlos Balcácer argumentó que sus clientes actuaron dentro del marco de un operativo legítimo y que las víctimas portaban armas de alto calibre, lo que —según él— justificaría una eventual legítima defensa.
La audiencia comenzó cerca del mediodía y se prolongó por más de siete horas. El tribunal fijó el 14 de enero como fecha para revisar la medida.
