El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este jueves cargos federales contra dos ejecutivos inmobiliarios del sur de California, acusados de participar en esquemas de fraude que desviaron millones de dólares asignados a programas de vivienda para personas sin hogar.
“En ambos casos, los acusados se aprovecharon de los fondos asignados para ayudar a las personas sin hogar, algunas de las más vulnerables de la sociedad”, declaró Akil Davis, subdirector de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles.
Los procesos judiciales se desarrollan por separado. El primero involucra a Cody Holmes, de 31 años, director financiero de Shangri-La, quien fue arrestado por fraude postal. Según la denuncia, Holmes presentó documentación falsificada para obtener más de 25 millones de dólares del programa estatal Homekey, destinado a crear viviendas de apoyo asequibles. Parte de esos fondos habrían sido utilizados para gastos personales, incluyendo pagos por más de dos millones de dólares en tiendas de lujo.
El segundo caso involucra a Steven Taylor, empresario inmobiliario de 44 años, acusado de siete cargos de fraude bancario, uno de lavado de dinero y otro de robo de identidad agravado. Entre 2019 y 2025, Taylor habría utilizado extractos bancarios falsos para obtener préstamos y líneas de crédito, con los que adquirió propiedades en Silver Lake, Los Feliz, Westlake, Del Rey, Pico-Union y Cheviot Hills.
Según la acusación, Taylor engañó a prestamistas sobre el uso de las propiedades, incluyendo una operación en Cheviot Hills donde obtuvo 11.2 millones de dólares en préstamos fraudulentos y revendió el inmueble por 27.3 millones con fondos públicos, sin informar a los financiadores. También habría falsificado correos electrónicos para ocultar otras deudas activas.
De ser declarado culpable, Taylor enfrentaría hasta 30 años de prisión federal por cada cargo de fraude bancario, 10 años por lavado de dinero y una pena obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravado. Holmes, por su parte, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude postal.
