El partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la nobel de la paz María Corina Machado, denunció este viernes que al menos 30 personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias en lo que va de octubre, en el marco de una “ola represiva” atribuida al gobierno de Nicolás Maduro.
Según el Comité de Derechos Humanos de VV, tres de los detenidos han sido liberados, mientras que 27 permanecen bajo arresto. Entre ellos figuran miembros de organizaciones políticas, líderes sociales y familiares de dirigentes, algunos de los cuales han sido sometidos a desaparición forzada.
Los operativos se han registrado en seis estados del país y, de acuerdo con el comité, muchos de los allanamientos se han realizado de forma violenta y sin orden judicial. “Además, funcionarios se roban incluso pertenencias que se encuentran en la propiedad, como vehículos y celulares. Todo esto representa una violación a los derechos humanos y fundamentales de estos ciudadanos”, expresó la organización.
Los últimos tres detenidos identificados por el partido son los hermanos José y Omario Castellanos, estudiantes universitarios, y su madre, Blanca de Loaiza, tras un allanamiento realizado por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Lara.
En paralelo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) emitió un llamado por “la libertad y la justicia” en Venezuela, en vísperas de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, quienes serán los primeros santos venezolanos. La organización instó a quienes tienen poder y autoridad a “escuchar el clamor de un pueblo que anhela paz, respeto a los derechos humanos y libertad plena”.
La canonización ha sido considerada por ONG, activistas, opositores y la Iglesia católica como una oportunidad para exigir la liberación de los presos políticos, una demanda encabezada por familiares de los detenidos.
Según cifras de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 845 presos políticos. El Ejecutivo y la Fiscalía niegan que existan detenciones por motivos políticos, y aseguran que los arrestados han cometido delitos, una afirmación que rechazan las organizaciones de derechos humanos.
