La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó este domingo su “profunda preocupación” por el proyecto de modificación del Código Procesal Penal (CPP), aprobado en primera lectura por el Senado, al considerar que se aparta del texto consensuado en la Comisión de Justicia y vulnera principios constitucionales.
En un comunicado, Finjus calificó la sanción como “una mala señal para la institucionalidad del país”, señalando que cualquier reforma a la Ley 76-02 debe surgir de “un proceso amplio de deliberación” y realizarse “con plena transparencia”.
“De haberse procedido de ese modo, es muy probable que este hecho preocupante no se hubiera producido”, subraya el documento.
Riesgos constitucionales y falta de apertura ciudadana
La entidad advirtió que el contenido aprobado no solo se aleja de lo discutido en comisión, sino que contradice decisiones relevantes del Tribunal Constitucional dominicano. También lamentó que el debate no se haya abierto a la ciudadanía “en la medida esperada”, lo que debilita la legitimidad del proceso.
Finjus recordó que el CPP vigente, aprobado en 2002, “transformó profundamente el sistema de justicia penal dominicano”, y que sus conquistas representan “avances irrenunciables para la democracia y el Estado de derecho”. Añadió que el debido proceso, como derecho constitucional, “no puede ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia”.
Reacciones políticas y advertencias técnicas
El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, también se pronunció contra el proyecto, señalando que la intención original era modificar artículos específicos en respuesta a una sentencia constitucional, no sustituir el código por completo. Afirmó que, por su complejidad, el Congreso requiere “uno, dos o hasta tres años” para discutirlo adecuadamente.
En respuesta, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió la iniciativa y aseguró que los legisladores trabajan en la modificación de “más de un 50 por ciento” del CPP, calificando los cambios como “una necesidad”.
