La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó este lunes que al menos 450 personas han fallecido en diferentes cárceles de El Salvador mientras estaban bajo custodia estatal, en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
La directora de SJH, Ingrid Escobar, confirmó que la cifra corresponde a registros recopilados hasta el 31 de octubre. El caso más reciente, según detalló, es el de Humberto Adonay Mónico, de 35 años, quien murió en el centro penal La Esperanza con signos de violencia, incluyendo golpes en el cráneo y en la costilla.
Escobar indicó que la mayoría de las muertes han ocurrido en los centros penales de Izalco, Mariona (La Esperanza) y Apanteos. Además, aseguró que el 94 % de los fallecidos “no tenían perfil de pandilleros” y advirtió que el número real podría superar los 1,000, debido a presuntas irregularidades en los juicios masivos.
Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa permite procesos judiciales colectivos por grupos de pandillas, eliminando los procedimientos individuales. Hasta la fecha, no se ha emitido ninguna sentencia bajo este esquema, el cual ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos por presuntas violaciones al debido proceso.
El Gobierno salvadoreño ha negado reiteradamente las acusaciones de torturas y muertes en prisión, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El régimen de excepción fue aprobado tras una ola de violencia que dejó más de ochenta asesinatos en un solo fin de semana en marzo de 2022. Investigaciones del medio local El Faro señalan que estos hechos se habrían producido tras la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y estructuras criminales.
