El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido este lunes ante el Tribunal Supremo, convirtiéndose en el primer titular de este cargo en la historia de España en sentarse en el banquillo de los acusados. García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo vinculado al caso de fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En el inicio del juicio, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntó al fiscal si se consideraba responsable de los delitos imputados. Desde el estrado, García Ortiz respondió de manera firme: “No”.
La vista comenzó con la lectura del auto de apertura de juicio por parte de la letrada de la Administración de Justicia. Durante la sesión, se desarrolló la fase de cuestiones previas, en la que la acusación particular solicitó incorporar comunicaciones entre un periodista y el abogado de González Amador, así como un artículo de El País. Por su parte, la Fiscalía pidió la absolución, denunciando posibles vulneraciones de derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
García Ortiz llegó al Tribunal Supremo solo y vestido con traje y corbata negra, siendo recibido con aplausos por algunas personas en la plaza Villa de París.
Las acusaciones solicitan penas de entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado defienden la inexistencia de delito.
Entre los testigos citados destacan fiscales que participaron en el caso entre febrero y marzo de 2024, como Julián Salto, la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez y la fiscal superior Almudena Lastra, quienes relatarán los hechos relacionados con la supuesta filtración y la gestión de la causa.
La jornada de este lunes marca un precedente histórico en España, al sentar a un máximo responsable de la Fiscalía en el banquillo, en un juicio que podría redefinir la percepción pública sobre la responsabilidad y la transparencia dentro del Ministerio Público.
