La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reafirmó este martes el compromiso del Ministerio Público con la implementación efectiva de la Ley núm. 340-22 sobre Extinción de Dominio, instrumento que permite al Estado recuperar bienes de origen ilícito y avanzar hacia una justicia más transparente y estructuralmente eficaz.
Durante un seminario respaldado por las embajadas de Estados Unidos y Alemania, Reynoso destacó que la ley representa un salto institucional y un cambio de era en la persecución penal:
“El verdadero pilar de un Estado social y democrático de derecho no es solo la existencia de la ley, sino la voluntad inquebrantable y la eficiencia al hacerla cumplir”.
Unidad especializada y enfoque constitucional
La procuradora anunció la creación de la Unidad para las Investigaciones de Extinción de Dominio, dirigida por el magistrado Pelagio Alcántara, como parte de una estrategia para desvincular la persecución del sujeto y enfocarla en el bien:
“Estamos llevando al banquillo de los acusados al bien. La propiedad debe probar que es lícita”.
Reynoso subrayó que la propiedad es un derecho constitucional, pero pierde tutela cuando se origina en el delito. La ley, más que una herramienta procesal, reconfigura el enfoque de persecución, incorporando criterios patrimoniales, constitucionales y doctrinarios.
Crimen organizado y economía paralela
La magistrada advirtió que el crimen organizado moderno opera como un poder fáctico, generando una economía paralela que infiltra mercados legítimos y socava el desarrollo:
- “Ya no se trata de personas que violan la ley, sino de estructuras que corrompen sistemas”.
- “Este poder se alimenta de nuevas tecnologías, el cibercrimen, el criptolavado”.
Reynoso llamó a replantear la labor del Ministerio Público ante un adversario que ha evolucionado con la sociedad, y reiteró que la extinción de dominio es clave para desmontar el músculo financiero del crimen organizado.
