Unos 250.000 venezolanos se quedan sin protección legal en Estados Unidos desde la medianoche de este viernes, cuando vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los amparaba. La medida deja a los migrantes sin autorización para permanecer ni trabajar en el país, lo que los obliga a optar por la clandestinidad.
“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros. Prefiero quedarme en la clandestinidad”, comenta Oriana, una venezolana de 38 años y madre de una adolescente, quien vivió más de cinco años en Florida y ahora se prepara para adaptarse a su nueva realidad sin permiso de trabajo.
La decisión del Gobierno de Donald Trump pone fin al amparo concedido por la administración de Joe Biden, afectando también a los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000 venezolanos, dejando un total de 600.000 personas en riesgo de detención y deportación inmediata.
José Palma, coordinador de la Alianza TPS, organización que lidera la demanda judicial para mantener el programa, afirma que la lucha legal sigue abierta. El caso se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones y podría regresar al Tribunal Supremo.
Fernando Romo, abogado de inmigración, explica que los más vulnerables son aquellos con órdenes de deportación previas. Sin embargo, algunos aún podrían recurrir a solicitudes de asilo como alternativa legal, aunque estos procesos son complejos y difíciles de ganar.
Esta situación marca el mayor número de personas que han perdido el TPS en la historia del programa, que desde 1990 ha protegido a inmigrantes de distintos países en Estados Unidos.
