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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro podría ir a prisión la próxima semana, luego de que el Tribunal Supremo Federal (STF) rechazara por unanimidad los recursos presentados por su defensa, confirmando su condena de 27 años y tres meses por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y liderazgo de una organización criminal armada.
La defensa había solicitado aclaraciones sobre posibles omisiones y contradicciones en la sentencia, pero el juez relator Alexandre de Moraes sostuvo que “la conducta delictiva de Bolsonaro ha sido ampliamente demostrada” y calificó las alegaciones como infundadas. Los recursos de otros seis condenados, incluidos los ex ministros Anderson Torres y Walter Braga Netto, también fueron rechazados.
Actualmente, Bolsonaro cumple arresto domiciliario en Brasilia desde el 4 de agosto, pero se evalúa su posible traslado a la prisión de Papuda, un centro de alta vigilancia considerado adecuado para su reclusión. Su estado de salud —70 años, secuelas de una puñalada en 2018 y diagnóstico reciente de cáncer de piel— podría influir en la decisión sobre su encarcelamiento.
El posible ingreso a prisión del ex mandatario coincide con la celebración de la COP30 en Belém, evento que podría perder visibilidad mediática ante la atención centrada en Bolsonaro.
Políticamente, el Partido Liberal (PL) enfrenta incertidumbre de cara a las elecciones de 2026, sin un candidato definido para reemplazar a Bolsonaro y con la necesidad de fortalecer su presencia en el Congreso. Mientras tanto, surge un nuevo partido de centro-derecha, Misión, que busca capitalizar el desencanto con el bolsonarismo y competir en las elecciones presidenciales.
En el ámbito internacional, la situación de Bolsonaro podría repercutir en la relación comercial con Estados Unidos, donde Donald Trump ha mostrado tradicional apoyo al ex presidente. El gobierno de Lula, por su parte, mantiene esfuerzos diplomáticos en América Latina y con Washington, en medio de tensiones sobre Venezuela y otros temas regionales.
