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Fijan para el 12 de enero audiencia preliminar contra propietarios del Jet Set por colapso que dejó 236 muertos

Fijan para el 12 de enero audiencia preliminar contra propietarios del Jet Set por colapso que dejó 236 muertos

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el 12 de enero de 2026 el inicio de la audiencia preliminar contra los propietarios del centro de diversión Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso estructural que provocó la muerte de 236 personas y más de 180 heridos.

La audiencia preliminar constituye una fase intermedia clave, en la que el tribunal determinará si existe evidencia suficiente para llevar a juicio a los acusados.

Acusación formal y cargos penales

El Ministerio Público presentó el pasado viernes la acusación formal y requerimiento de apertura a juicio, sustentada por un equipo encabezado por:

  • Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución
  • Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional
  • Héctor García, procurador de corte
  • Los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado, Rosa Ysabel Mejía, y los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez

Los hermanos Espaillat enfrentan cargos por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, conforme a los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Elementos de prueba y agravantes

La investigación fue instruida por la Procuradora General Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó a los titulares de Persecución y del Distrito Nacional para determinar las causas del derrumbe del Jet Set Club, ubicado en la avenida Independencia.

Según el expediente, los acusados:

  • Sobrecargaron la estructura del techo con equipos de climatización y tinacos de agua sin estudios técnicos
  • Ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo
  • Priorizaron el ahorro de recursos pese a los riesgos evidentes

El Ministerio Público sustenta su acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal directa de los procesados.

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