Un juez supremo del Perú ordenó este viernes la captura internacional y la imposición de cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada desde hace dos semanas en la residencia de la embajada de México en Lima.
La exfuncionaria enfrenta un proceso por su presunta participación en el intento de golpe de Estado cometido por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
La decisión fue tomada por el magistrado Juan Carlos Checkley, quien revocó la comparecencia con restricciones que pesaba sobre Chávez. El juez argumentó que existe un “peligro palpable” de fuga, debido a que la procesada no asistió a los controles biométricos obligatorios ni a varias audiencias judiciales, lo que evidencia, según su fallo, un incumplimiento reiterado de las medidas impuestas.
Gobierno descarta irrupción en la embajada de México
Previo al fallo judicial, el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, aseguró que el Gobierno no ingresará a la sede diplomática para ejecutar la orden, afirmando que Perú “es respetuoso del derecho internacional”. La declaración buscó marcar distancia del precedente ocurrido en Ecuador, donde las autoridades irrumpieron en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
Procesos pendientes y crisis diplomática
Chávez ya había estado en prisión preventiva entre junio de 2023 y septiembre de este año. Fue liberada luego de que el Tribunal Constitucional determinara que su detención inicial fue arbitraria. Actualmente, la Fiscalía solicita una condena de 25 años de prisión por el delito de rebelión.
El otorgamiento de asilo por parte de México provocó que el Gobierno peruano decidiera romper sus relaciones diplomáticas con el país norteamericano, en medio de señalamientos de “injerencia” por parte de Lima hacia la administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Perú también ha negado el salvoconducto que permitiría a Chávez salir del país, condicionándolo a consultas con la OEA sobre posibles modificaciones a la Convención de Caracas, que regula el asilo diplomático en la región.
