Este sábado se inauguró la primera etapa del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, un proyecto diseñado para descongestionar la cárcel de La Victoria y ofrecer condiciones más dignas a los privados de libertad. La obra, que podrá albergar hasta 8,500 internos y empleará a casi 4,000 personas, fue inaugurada por el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, y el director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana.
Durante el acto, Bonilla destacó que el centro recibirá de manera escalonada a los internos, comenzando con 2,400 en esta primera fase, y resaltó la importancia de garantizar una infraestructura segura y funcional. Santana enfatizó que la supervisión ciudadana y el manejo adecuado del centro son clave para evitar problemas de seguridad, recordando que un mal manejo de las prisiones puede convertirse en un foco de criminalidad.
El CCR Las Parras fue diseñado para ofrecer un ambiente seguro y rehabilitador, con celdas espaciosas, aulas educativas, talleres, espacios de reflexión, iglesia, áreas deportivas y zonas para visitas familiares. Además, cuenta con sistemas de videovigilancia, sensores, controles de acceso automatizados, dispensario médico, planta de tratamiento de aguas y otros servicios esenciales que aseguran su funcionamiento autónomo.
El centro opera bajo el modelo penitenciario de 2013, basado en educación y trabajo obligatorios, cero ocio y disciplina estricta, con un personal multidisciplinario capacitado. Su objetivo es ser un lugar de sanción social, reeducación y reinserción, distinto a las condiciones históricamente precarias de La Victoria.
El proyecto se realiza en colaboración entre el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, encargado de la construcción, y la Procuraduría General de la República, responsable de supervisar las políticas de diseño y seguridad.
Entre los presentes en la inauguración estuvieron la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana; el presidente del INDOTEL, Guido Gómez Mazara; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; y otros altos funcionarios del sistema de justicia.
