La batalla judicial de César Emilio Peralta (César el Abusador) dio un giro con la presentación de una moción en la que su defensa reclama la entrega de un video de seguridad del 4 de noviembre de 2022, grabado justo antes de que el narcotraficante dominicano se declarara culpable ante un tribunal federal.
El argumento central
Según el documento, las cámaras del U.S. Marshals Service captaron una interacción “fuera del récord” entre el fiscal Max J. Pérez-Bouret y el acusado, minutos antes de iniciar la audiencia.
- Esa conversación no aparece en el expediente ni en la transcripción oficial.
- La defensa sostiene que sería clave para demostrar que el acuerdo de culpabilidad no fue voluntario, sino producto de presión indebida.
Precedentes legales
El abogado Edwin Prado cita fallos de la Corte Suprema de EE.UU. como Machibroda v. United States y Blackledge v. Allison, que obligan a revisar evidencia externa cuando un acusado denuncia presiones fuera del acta.
Además, invoca la doctrina Brady v. Maryland, que obliga al Gobierno a entregar evidencia favorable al acusado. Si el video muestra gestos o conductas del fiscal interpretables como presión, su retención sería una violación constitucional.
Consecuencias posibles
La defensa busca demostrar que el plea fue defectuoso.
- Si el tribunal acepta, el acuerdo de culpabilidad podría ser anulado y el proceso reiniciado.
- Peralta quedaría en posición procesal abierta y, dependiendo de la valoración judicial, incluso podría solicitar libertad provisional.
Un expediente en riesgo
El planteamiento subraya que la interacción ocurrió antes de abrir el micrófono oficial, un momento normalmente fuera del registro, pero que habría sido decisivo para que Peralta cediera.
- Si el video confirma presión indebida o supresión de evidencia, el caso podría derribarse desde adentro.
Próximos pasos
La defensa pide al tribunal:
- Revocar la orden previa.
- Ordenar la preservación inmediata del video.
- Incorporarlo al expediente.
- Permitir su revisión, incluso privada por el juez antes de decidir.
De acceder, este sería un punto de inflexión en el caso. De negarse sin revisar la evidencia, abriría paso a una apelación por violación al debido proceso.
Por ahora, lo único claro es que la defensa ha encendido una alarma jurídica, pues lo ocurrido en los minutos previos al plea podría redefinir el futuro judicial de uno de los casos más emblemáticos del Caribe en la última década.
