El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó este lunes su renuncia al cargo tras ser condenado la semana pasada por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
La condena está relacionada con la filtración de datos de una causa por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En su carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz solicitó su cese “sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia”, considerando que su decisión es un acto de responsabilidad tanto hacia la Fiscalía como hacia la ciudadanía española.
El hasta ahora fiscal general expresó su respeto a las resoluciones judiciales y destacó que durante su mandato siempre buscó proteger a la Fiscalía y a sus miembros. Además, afirmó que su gestión se guió por la vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional.
García Ortiz concluye su misiva agradeciendo al Ejecutivo la confianza depositada y devolviéndola al considerar que “una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.
