El Gobierno dominicano sostuvo conversaciones previas con los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina antes de anunciar el acuerdo que permite operaciones logísticas de aeronaves estadounidenses en territorio nacional.
La medida responde a la política del presidente Luis Abinader de discutir decisiones de alto impacto con los principales referentes políticos, incluso de la oposición. Esta estrategia ya se había aplicado en temas como la crisis haitiana, cuando también se convocó al exmandatario Hipólito Mejía.
Alcance del acuerdo
El Ejecutivo confirmó que se autorizó de manera temporal y bajo estrictas restricciones el uso de espacios limitados en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Las operaciones incluyen reabastecimiento, transporte de equipos y desplazamiento de personal técnico estadounidense, en el marco de la cooperación contra el narcotráfico en el Caribe.
Abinader subrayó que la decisión se ampara en el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea de 1995 y su Protocolo de Enmienda de 2003, que exigen autorización previa y supervisión permanente del Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
“El permiso tiene un alcance técnico, limitado y temporal. Esto no disminuye la soberanía nacional; la fortalece”, afirmó el mandatario.
Contexto internacional
El anuncio coincidió con la visita al país del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien se reunió con Abinader en el Palacio Nacional y permanece en República Dominicana para encuentros privados con autoridades de defensa y seguridad.
Horas después, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó la decisión dominicana como una “locura imperial”. El Gobierno respondió que las operaciones se realizarán únicamente bajo supervisión dominicana y sin habilitar acciones ofensivas.
Política interna
La revelación de que Fernández y Medina fueron consultados busca contener tensiones políticas frente a un acuerdo sensible. Gobierno y oposición coincidieron en mantener canales abiertos para decisiones que involucren soberanía, defensa y compromisos internacionales.
“Actuamos con responsabilidad, transparencia y absoluto respeto a nuestra Constitución”, concluyó Abinader, al reiterar que el objetivo es fortalecer la seguridad nacional y reducir la influencia del narcotráfico en el país.
