La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este viernes la denegación de la libertad provisional solicitada por el expresidente filipino Rodrigo Duterte. Con esta decisión, Duterte, de 80 años, continuará bajo custodia mientras avanza el proceso en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su “guerra contra las drogas”.
La Sala de Apelaciones desestimó los argumentos de la defensa, que alegaba errores en la evaluación de riesgos, insuficiencia de las garantías ofrecidas por un Estado dispuesto a recibirlo y motivos humanitarios vinculados a su estado de salud. La jueza presidenta de Apelaciones, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, anunció que ninguno de los tres recursos fue aceptado, confirmando de manera unánime la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de septiembre.
Duterte permanecerá detenido en La Haya
El tribunal determinó que la detención sigue siendo necesaria para evitar riesgos procesales, como la fuga, la obstrucción del proceso o la posible reiteración delictiva. La defensa sostiene que la salud del exmandatario se ha deteriorado desde su arresto y anunció un nuevo recurso basado en los resultados de una evaluación médica prevista para el próximo mes.
“Nuestro objetivo es volver a presentar la solicitud de liberación de un hombre de 80 años, cuya salud debilitada impide que constituya riesgo de fuga o amenaza a los testigos”, declaró Nicholas Kaufman, abogado de Duterte.
Acusaciones y próximos pasos
Duterte fue detenido en marzo en Manila tras la emisión de una orden de arresto por la CPI y trasladado a La Haya. Está acusado de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre 2011 y 2019, durante su etapa como alcalde de Davao y su presidencia.
La Fiscalía indicó que la decisión confirma la necesidad de garantizar la comparecencia de Duterte en el juicio y la integridad de la investigación. La audiencia de confirmación de cargos, aplazada desde septiembre, aún no tiene nueva fecha.
Partidarios y críticos del expresidente reaccionaron de manera dividida: mientras algunos celebran la decisión de la CPI, defensores de Duterte lamentan que su estado de salud no haya sido considerado como motivo suficiente para la liberación provisional.
