La Casa Blanca reconoció este lunes que Estados Unidos ejecutó un segundo ataque contra supervivientes de un primer bombardeo a una lancha vinculada con el narcotráfico en septiembre, pero insistió en que la operación fue legal y exoneró de responsabilidad directa al secretario de Guerra, Pete Hegseth, mientras el Congreso prepara una investigación por posible crimen de guerra.
Postura oficial
- La portavoz Karoline Leavitt afirmó que Hegseth no dio la orden directamente y leyó un comunicado en el que se sostiene que el ataque se realizó en aguas internacionales, conforme al derecho de conflictos armados.
- Según el comunicado, el presidente Donald Trump y Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados están sujetos a ataques letales bajo las leyes de la guerra.
- El almirante Frank Bradley, entonces comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto, fue quien ejecutó la operación.
Controversia
- Un reporte de The Washington Post indicó que tras el bombardeo inicial, en el que murieron 11 personas, se habría realizado un segundo ataque para eliminar a dos supervivientes.
- Leavitt calificó de falsas esas informaciones y evitó responder sobre qué ley autoriza a no dejar sobrevivientes.
- La Casa Blanca justificó la ofensiva señalando que el Pentágono actúa contra barcos en el Caribe y el Pacífico porque estas organizaciones han sido designadas como terroristas extranjeras.
Reacción política
- Varios comités del Congreso estadounidense intensificaron la supervisión del caso, enviando solicitudes de información y preparando revisiones para los próximos días.
- El episodio abre un debate sobre la legalidad de las operaciones militares contra narcoterrorismo y el alcance de la autoridad presidencial en ataques letales fuera de territorio estadounidense.
Este caso se perfila como un choque entre seguridad nacional y derecho internacional, con el Congreso evaluando si la operación podría constituir un crimen de guerra.
