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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes el cierre de su oficina en Caracas debido a la falta de “progreso real” de Venezuela en la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad.
La decisión fue comunicada por el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang durante la 24ª Asamblea de Estados Parte del tribunal.
Niang explicó que, pese al “compromiso sostenido” con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que el avance en la aplicación del principio de complementariedad—que exige al país investigar seriamente los crímenes antes de la intervención del tribunal—sigue siendo un reto. Por ello, la oficina abierta en 2024 será clausurada, aunque la investigación sobre Venezuela continuará desde La Haya.
El cierre marca un giro en la relación entre Caracas y la CPI. Venezuela ha rechazado desde el inicio la investigación, insistiendo en que su sistema judicial es competente para manejar los casos, mientras que la CPI ha mantenido la investigación abierta desde 2018, tras la remisión de varios países.
Argentina, en tanto, exigió al tribunal una respuesta “inmediata” ante los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, denunciando un deterioro de la situación tras las elecciones de julio de 2024 y reiterando que continúan las detenciones arbitrarias y tratos inhumanos. Caracas calificó estas declaraciones como un intento de “politizar” la conferencia y acusó a Argentina de presentarse como “falso defensor de derechos humanos”.
El fiscal Karim Khan, director de la CPI, había destacado en 2024 que la apertura de la oficina en Caracas era una oportunidad para avanzar en las investigaciones y fortalecer la cooperación técnica con Venezuela, un objetivo que, según la Fiscalía, no se logró plenamente.
A pesar del cierre de la oficina, la CPI reafirmó que su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017 continuará activa bajo su equipo de fiscales en La Haya.
