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El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití solicitó este viernes a las autoridades de República Dominicana que aclaren con “diligencia y transparencia” las circunstancias que rodearon la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña haitiana de 11 años que falleció durante una excursión escolar en Santiago, al norte del país vecino.
En un comunicado oficial, el CPT vinculó el hecho con los “actos de violencia” y “abusos” que, según sus registros, sufren los migrantes haitianos en territorio dominicano.
“Lamentamos profundamente que miles de migrantes haitianos y familias de origen haitiano hayan sido afectados en los últimos meses por actos de violencia, abusos o tratos que atentan contra la dignidad humana”, expresó el Consejo.
Las autoridades haitianas también manifestaron su solidaridad con la familia de Stephora y destacaron el papel de los representantes diplomáticos y consulares en República Dominicana, quienes han brindado acompañamiento constante a los padres de la menor. “Estas preocupantes situaciones afectan dolorosamente a ambos pueblos y requieren respuestas responsables, concertadas y respetuosas de la soberanía de ambos Estados”, agregó el CPT.
Por su parte, las autoridades dominicanas han reaccionado al caso. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó esta semana a la Dirección General de Persecución y a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) a reforzar las investigaciones. La vicepresidenta Raquel Peña calificó lo ocurrido como “penoso” y subrayó la necesidad de esclarecer lo sucedido para ofrecer tranquilidad a la familia y al pueblo dominicano.
El caso ha reavivado la discusión sobre la situación de los haitianos en República Dominicana. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que políticas migratorias dominicanas contribuyen a la discriminación racial y a la negación de servicios básicos, así como la privación arbitraria de nacionalidad a personas de ascendencia haitiana.
En octubre de 2024, el presidente Luis Abinader ordenó la deportación “masiva” de haitianos indocumentados, con más de 180,000 personas retornadas hasta la fecha.
El Consejo Presidencial de Haití reafirmó su disposición a colaborar con República Dominicana mediante los mecanismos bilaterales para esclarecer la verdad y garantizar justicia, al tiempo que subrayó la importancia de proteger los derechos fundamentales de todos.
