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El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la divulgación de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la emisión de una nota de prensa relacionada.
La sentencia, publicada este martes, impone dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos.
La resolución contó con el voto particular de dos magistradas que apoyaban la absolución, argumentando que no existían pruebas suficientes para responsabilizar al fiscal.
El Supremo determinó que García Ortiz, o alguien de su entorno con su conocimiento, filtró a la Cadena Ser el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de González Amador aceptaba dos delitos fiscales con el objetivo de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Además, la nota de prensa del 14 de marzo de 2024 oficializó la información, consolidando la filtración y negando que la oferta de pacto proviniera del fiscal del caso.
La sentencia subraya que, aunque la información ya era conocida en algunos medios, el deber de confidencialidad del fiscal no desaparece y que divulgar datos reservados vulnera los derechos fundamentales del imputado. También se critica el borrado de mensajes de García Ortiz tras abrirse la causa, considerado un intento de ocultar pruebas.
El Tribunal concluye que la actuación del fiscal general quebrantó su deber de reserva y que responder a noticias falsas con la difusión de información confidencial constituye un delito, consolidando así la condena por revelación de secretos.
