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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que busca disminuir las sanciones contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y otros implicados en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.
La medida fue respaldada por 291 legisladores, con 148 votos en contra y una abstención, y ahora deberá ser evaluada por el Senado.
El proyecto podría beneficiar a Bolsonaro, condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. La iniciativa establece que, al tratarse de delitos similares, se aplicará únicamente la pena más grave, en este caso la correspondiente al golpe de Estado, que contempla hasta 12 años de cárcel, sin sumarse a la sanción por intento de abolición violenta, que alcanza hasta 8 años.
Además, se propone reducir entre un tercio y dos tercios la condena cuando los delitos golpistas se cometen en grupo, como ocurrió durante el asalto de cientos de seguidores de Bolsonaro a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023.
El proyecto también contempla acelerar la progresión del régimen cerrado al semiabierto para los condenados, después de cumplir al menos una sexta parte de la pena, o una cuarta parte en casos que involucren violencia. Según el diputado Paulo Pereira da Silva, autor de la iniciativa, Bolsonaro podría acceder al régimen semiabierto en poco más de dos años. Entre los posibles beneficiarios también figuran altos mandos militares y exministros condenados por respaldar los planes del expresidente de mantenerse en el poder tras perder frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Pereira defendió la propuesta como una medida de «reconciliación» destinada a «corregir excesos» en las condenas, pero «sin eludir la responsabilidad». Por su parte, Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores, criticó que «esta cámara está avalando el golpismo».
La sesión estuvo marcada por tensión y protestas, con empujones y forcejeos entre legisladores y el personal de seguridad. Un diputado de izquierda llegó a ocupar la presidencia de la Cámara como forma de protesta antes de ser retirado a la fuerza, mientras se limitaba el acceso de algunos medios de comunicación al pleno.
